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La inteligencia artificial ya ha entrado en la vida escolar de los menores mucho antes de que las reglas estén del todo claras.
Ese desfase explica el valor político de la Declaración de Salamanca sobre la Inteligencia Artificial y los Derechos de la Infancia, que han firmado la ministra Sira Rego y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado. El texto fija diez compromisos para instituciones públicas y organizaciones privadas y coloca la protección infantil en el centro del debate.
La declaración sitúa la protección infantil antes que el entusiasmo tecnológico
El primer principio reclama regulación pública, protección desde el diseño y evaluación independiente de los sistemas. No habla solo de corregir daños cuando ya aparecen, sino de revisar cómo nace una herramienta y quién responde por ella.
Ahí entra una de las líneas más sensibles.
La declaración sostiene que los datos y las interacciones de los niños no deben explotarse para entrenar modelos, y además plantea prohibir los perfiles y la publicidad conductual dirigida a menores. La discusión ya no gira solo alrededor de la privacidad, sino alrededor de qué parte de la infancia puede convertirse en materia prima para una máquina.
También pide investigación continuada e independiente sobre los efectos neurológicos, cognitivos y emocionales antes de implantar estas herramientas. Paula González, abogada, lo resume con una advertencia que toca un nervio especialmente delicado.
"Si no protegemos los neurodatos, cualquier tecnología podrá leer o manipular nuestra mente" - Paula González, abogada
Otra frontera aparece en el terreno afectivo. El cuarto principio protege los vínculos humanos y exige que los sistemas no manipulen necesidades emocionales, no simulen relaciones afectivas y recuerden siempre al menor que está hablando con una máquina.
La idea resulta menos abstracta si se mira el entorno cotidiano de los niños, desde juguetes que recogen datos hasta asistentes capaces de conversar con naturalidad. Cuando una herramienta responde con tono cercano, la cuestión técnica deja de ser solo técnica.
Europa quiere enseñar a usar la IA mientras el aula ya lidia con ella
El pasado 5 de noviembre, la Comisión Europea presentó un paquete educativo con referencias de aprendizaje y orientaciones de evaluación adaptadas a la edad para usar inteligencia artificial. Ese paquete incluye además un Compromiso Europeo sobre Pantallas Saludables con herramientas para escuelas, familias y estudiantes.
A partir del curso 2027-2028 pondrá a prueba un certificado de alfabetización en inteligencia artificial. La secuencia tiene lógica, porque la velocidad de adopción va muy por delante de la formación.
El dato español impresiona por sí solo.
El Informe sobre el Futuro de la Educación de GoStudent indica que el 78% del alumnado español utiliza herramientas de inteligencia artificial para las tareas escolares, pero solo el 23% ha recibido formación estructurada para usarlas. Entre presencia masiva y aprendizaje guiado hay un hueco que cualquier docente reconoce al instante.
No sorprende entonces que el 46% del alumnado encuestado admita entregar como propios trabajos generados con inteligencia artificial al menos una vez por semana. Y entre quienes usan esta tecnología para los deberes, el 71% reconoce haber presentado contenido generado automáticamente como suyo.
GoStudent encuestó a 3.000 familias y estudiantes y a 300 docentes de seis países europeos. Felix Ohswald, CEO y cofundador de GoStudent, sitúa el problema en un punto muy concreto.
"Nos enfrentamos al reto de enseñar a los estudiantes a utilizar la IA sin perder la capacidad de pensar por sí mismos" - Felix Ohswald, CEO y cofundador de GoStudent
Después añade una imagen muy reconocible para cualquier familia.
"la prioridad debe ser integrar la IA de manera que refuerce el aprendizaje, en lugar de convertirla en una simple muleta para terminar las tareas más rápido" - Felix Ohswald, CEO y cofundador de GoStudent
El texto también baja al terreno diario de profesores, familias y menores
La declaración no plantea expulsar la inteligencia artificial del aula. El quinto principio defiende que apoye a profesores y familias, respete la autonomía docente y contribuya al pensamiento crítico y la creatividad.
Además, el sexto principio pide formación adaptada a cada edad para menores, progenitores y educadores, con un objetivo muy concreto. Esa formación debe ayudar a proteger la privacidad y a decidir qué delegar en la herramienta.
Junto a eso, el séptimo principio exige que los sistemas no reproduzcan ni agraven discriminaciones por discapacidad, género, origen, lengua o situación socioeconómica. El octavo añade que los niños participen en el diseño, la evaluación y la gobernanza de los sistemas que les afectan, una idea que conecta con debates recientes sobre juguetes con IA y emociones.
Quedan todavía dos compromisos que apuntan a daños muy concretos. El noveno exige mecanismos de reclamación y reparación rápidos y eficaces con responsabilidad para proveedores, responsables de la implementación y autoridades, y el décimo obliga a impedir la generación o alteración de imágenes sexualizadas de menores y a retirarlas con rapidez.
Al final, la tensión no está entre usar o no usar inteligencia artificial, sino entre dejar que marque sola las reglas o imponerle límites antes de que la costumbre las vuelva invisibles. Y hoy esa costumbre ya tiene una cifra difícil de ignorar, porque el 78% del alumnado español la usa para sus tareas mientras solo el 23% ha recibido formación estructurada.