Europa discute la inteligencia artificial con una mezcla incómoda de entusiasmo y cautela. El 16 de junio, en Madrid, ese equilibrio tomó forma en un encuentro sobre la protección de la ciudadanía ante su desarrollo, organizado por la Fundación Mutua Madrileña junto a la Agencia Española de Protección de Datos.
Ignacio Garralda, presidente de Mutua Madrileña, abrió la jornada con una idea ambiciosa al situar esta tecnología entre los grandes hitos de la historia de la humanidad. También la presentó como una oportunidad de progreso, una formulación que retrata bien el tono de fondo del debate.
La discusión ya no gira solo en torno a qué puede hacer la IA
Rafael Pastor, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED, propuso mover el foco.
"La pregunta no es tanto cómo controlamos la IA, sino quién es responsable de la IA" - Rafael Pastor, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED
Ahí aparece una inquietud muy concreta. Pastor lamentó la dependencia tecnológica europea y avisó de que esa cesión entrega a terceros una parte importante del control y de la responsabilidad.
María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, retomó esa misma escala política en la clausura al defender que la cuestión no consiste solo en evitar un mal uso individual. También pasa por que España y Europa conserven capacidad de decisión sobre cómo se desarrolla esta tecnología, con qué valores y al servicio de quiénes.
El Gobierno vinculó esa capacidad de decisión a una inversión de 700 millones de euros para el proyecto español de gigafactoría de inteligencia artificial.
Regular no equivale a renunciar al uso
Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos, planteó una comparación fácil de entender. Nadie aceptaría circular con vehículos que no hubieran pasado normas técnicas, y por eso defendió estándares y mecanismos de control también para la inteligencia artificial.
"No utilizarla sería como decidir que no vamos a usar electricidad o que vamos a ir a caballo existiendo medios de locomoción" - Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos
Su argumento no era de freno, sino de condiciones. La misma institución ya aprobó una política interna de uso de inteligencia artificial con criterios de gobernanza, transparencia y gestión de riesgos, la primera dentro de la administración española.
Además, Cotino advirtió sobre el reconocimiento facial y biométrico en espacios públicos, un terreno donde la promesa técnica choca con derechos muy básicos. En ese punto reclamó garantías y organismos de supervisión que verifiquen el cumplimiento de las normas, una preocupación que conecta con debates recientes sobre control de datos biométricos.
Proteger los datos significa proteger algo más amplio
Teresa Martínez, responsable de la División de Innovación Tecnológica de la Agencia Española de Protección de Datos, situó la cuestión en un plano menos técnico y más cotidiano. A su juicio, la protección de datos funciona como un primer paso para resguardar el resto de los derechos.
Después aclaró que la regulación europea no actúa como una barrera abstracta. Lo que hace es limitar usos capaces de dañar derechos, una lógica que hoy también aparece en discusiones sobre supervisión humana en decisiones automatizadas.
Sara Degli-Esposti, investigadora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, llevó esa alerta al terreno de las consecuencias sociales.
"Todo lo que dejamos de hacer, dejamos de saber hacerlo" - Sara Degli-Esposti, investigadora del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Antes había definido el sesgo algorítmico como la automatización de la injusticia. La fórmula incomoda porque desplaza el problema desde el error técnico hacia algo más reconocible, la posibilidad de que una desigualdad previa gane velocidad, escala y apariencia de neutralidad.
La Agencia Española de Protección de Datos ya aprobó la primera política interna de IA de una administración española, con criterios de gobernanza, transparencia y gestión de riesgos.
Esa combinación de oportunidad, dependencia, derechos y vigilancia dejó una imagen bastante precisa del momento. Mientras unos comparan no usar la IA con volver al caballo, otros recuerdan que el reconocimiento biométrico en espacios públicos exige garantías, y esa tensión no es teórica cuando ya se habla al mismo tiempo de control, soberanía y 700 millones de euros.