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La inteligencia artificial no solo amenaza empleos concretos. También pone en cuestión la tubería principal por la que entra buena parte del dinero público.
En España, el IRPF aporta alrededor del 44% de toda la recaudación tributaria, y los salarios representan más del 80% de ese impuesto, unos 120.000 millones. Si la base laboral se estrecha, el golpe no cae solo sobre las nóminas, también alcanza al corazón mismo del sistema fiscal.
Dos economistas sostienen que el trabajo ya no puede cargar con todo
Anton Korinek, de la firma de inteligencia artificial Anthropic, y Lee M. Lockwood, de la Universidad de Virginia, firman un análisis con un título bastante elocuente, El futuro de la política fiscal, un marco de finanzas públicas para la era de la IA. Ahí plantean que la automatización obliga a revisar impuestos que durante décadas parecían casi naturales.
"La IA amenaza las bases impositivas tradicionales al reducir la demanda de mano de obra humana" - Anton Korinek, de Anthropic, y Lee M. Lockwood, de la Universidad de Virginia
No es una discusión menor cuando las cotizaciones sociales añaden otra capa de dependencia del trabajo asalariado. Los trabajadores aportan unos 30.000 millones y las empresas alrededor de 146.000 millones.
Visto junto, el dibujo resulta difícil de esquivar.
Korinek y Lockwood sostienen que la carga fiscal principal se tendrá que desplazar lejos del factor trabajo. Su propuesta central pasa por reducir el peso de los impuestos laborales y reforzar los que gravan el consumo.
El IVA reaparece cuando la economía ya no cabe en una fábrica
Ese cambio no consiste solo en recaudar de otra manera, también obliga a mirar dónde se genera hoy el valor. Los autores proponen modernizar tributos como el IVA para que tengan en cuenta servicios minoristas digitales y actividades basadas en inteligencia artificial.
La idea tiene una lógica casi doméstica. Si cada vez menos ingresos llegan por la vía de una nómina y más por servicios automatizados que operan en pantallas, servidores y plataformas, el mapa tributario deja de parecerse al del siglo pasado.
Además, los autores recomiendan no castigar con nuevos impuestos los activos necesarios para desplegar esa infraestructura. Gravar de forma que desincentive la inversión en sistemas e instalaciones de inteligencia artificial, a su juicio, empujaría el problema en dirección contraria.
Los robots entran en la discusión cuando sustituyen empleo humano
Hay otra posibilidad, y toca un nervio político evidente. Korinek y Lockwood plantean que los robots que sustituyen trabajos antes realizados por personas tributen y paguen cotizaciones sociales.
Esa hipótesis enlaza con el debate sobre cotizaciones de robots, que reaparece cada vez que la automatización deja de ser una promesa abstracta y empieza a desplazar tareas pagadas. La pregunta de fondo no es solo quién produce más, sino quién sostiene pensiones, sanidad y servicios públicos cuando mengua la masa salarial.
Tampoco suena ajena a los impuestos al trabajo automatizado que ya han entrado en otras discusiones recientes sobre inteligencia artificial y empleo. Cuando cambia la relación entre productividad y trabajo humano, cambia también la pregunta sobre quién paga la factura colectiva.
El dato más incómodo sigue ahí, inmóvil. Un sistema que recauda alrededor del 44% de sus ingresos tributarios a través del IRPF y extrae más del 80% de ese impuesto de los salarios depende, en gran medida, de que siga habiendo trabajo humano gravable.