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Europa ya no da por buena la ambigüedad. Desde el pasado domingo, quien use inteligencia artificial para hablar con un ciudadano o para alterar un contenido debe avisarlo.
La obligación forma parte del reglamento europeo de inteligencia artificial, aprobado en 2023 y desplegado de forma progresiva desde febrero de 2025. Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, lo resumió con una idea muy directa al explicar que estas reglas buscan garantizar que los ciudadanos sepan cuándo interactúan con una IA.
"Estas reglas buscan garantizar que los ciudadanos sepan cuándo interactúan con una IA" - Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica
No es un matiz menor. En la práctica, la norma alcanza a proveedores como OpenAI con ChatGPT, Anthropic con Claude, Google con Gemini y generadores de imágenes como Midjourney.
La Comisión Europea obliga a etiquetar lo que la IA toca
Además de identificar la interacción con máquinas, los proveedores deberán incorporar marcas legibles por máquinas para detectar contenido generado o manipulado. La Comisión Europea también ha publicado directrices para precisar qué sistemas deben ser transparentes, cómo define las falsificaciones y qué excepciones deja fuera, entre ellas las correcciones ortográficas.
Desde agosto de 2025, las plataformas de inteligencia artificial generativa también deberán respetar los derechos de autor.
Ahí aparece una de las claves menos visibles de la norma. Ya no basta con que el sistema funcione, porque la obligación alcanza tanto a cómo se presenta ante el usuario como a la procedencia del material con el que opera, un terreno especialmente delicado en texto, imagen y audio.
Las empresas y administraciones que utilicen estas herramientas tendrán deberes propios. Deberán informar cuando empleen reconocimiento de emociones, categorización biométrica, contenidos falsificados o textos generados por inteligencia artificial sobre asuntos de interés público sin revisión humana.
El reglamento también veta usos concretos que ya habían encendido las alarmas
La normativa prohíbe la extracción masiva de imágenes faciales y el reconocimiento de emociones en el entorno laboral. No hablamos solo de una discusión técnica, sino de prácticas que rozan la vigilancia cotidiana en espacios donde una persona trabaja, pide un servicio o simplemente navega.
A partir del 2 de diciembre, la Unión Europea prohibirá comercializar sistemas que generen contenido sexualmente explícito sin consentimiento o contenido de abuso sexual infantil.
Ese endurecimiento no llegó en el vacío. El cambio normativo se produjo tras la viralización de miles de imágenes sexualizadas de mujeres reales manipuladas con inteligencia artificial en la red social X a finales de diciembre y enero.
La discusión sobre el etiquetado de deepfakes ya había aparecido en las normas europeas sobre deepfakes, pero ahora el foco se estrecha sobre daños mucho más concretos. Cuando una imagen falsa afecta a la identidad, la intimidad o la sexualidad de una persona real, la etiqueta deja de ser una formalidad y pasa a rozar el terreno del daño directo.
Incumplir ya tiene precio y no será simbólico
Las infracciones podrán castigarse con multas de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación anual mundial de la empresa. Para grupos con presencia global, esa segunda cifra puede pesar más que la primera.
También cambia la posición de quienes despliegan estos sistemas en oficinas y servicios públicos, un terreno que ya había mostrado fricciones en el uso laboral de algoritmos. Si una administración o una empresa emplea reconocimiento de emociones o clasificación biométrica, tendrá que decirlo de forma expresa al usuario.
La paradoja europea cabe en una sola escena. Mientras herramientas cada vez más corrientes escriben, sintetizan voces o fabrican imágenes con una facilidad doméstica, la ley obliga desde ahora a dejar rastro precisamente cuando esa facilidad amenaza con volver invisible a la máquina.