La UE veta desde el 2 de diciembre los deepfakes sexuales y exige marcar la IA generativa

El Reglamento de IA prohíbe crear contenido sexual de personas identificables sin consentimiento y material de abuso infantil, y obliga a etiquetar con metadatos o marca de agua el contenido sintético.

18 de noviembre de 2026 a las 17:54h
La UE veta desde el 2 de diciembre los deepfakes sexuales y exige marcar la IA generativa
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Europa ha fijado el 2 de diciembre como una fecha incómoda para buena parte de la inteligencia artificial generativa.

Ese día entran en vigor dos piezas delicadas del Reglamento de IA de la Unión Europea. Por un lado, queda prohibido generar contenido sexual de personas identificables sin consentimiento y también material de abuso sexual infantil. Por otro, termina la prórroga para que los generadores de contenido sintético que ya estaban en el mercado marquen sus resultados en un formato legible por máquina.

Bruselas cerró una grieta que llevaba meses abierta

La confusión venía de lejos porque durante la negociación circuló la fecha del 2 de noviembre, pero el texto oficial deja una sola referencia válida, el 2 de diciembre. La norma forma parte del Ómnibus digital sobre IA, el Reglamento UE 2026/1744, publicado en el Diario Oficial de la UE el 24 de julio tras la aprobación del Parlamento Europeo el 16 de junio y del Consejo el 29 de junio.

En España, la propuesta para vetar los desnudos falsos nació después de la polémica por imágenes creadas con Grok a principios de año.

Aquella secuencia explica por qué el foco no está solo en la desinformación política o en los fraudes corrientes. Aquí el legislador apunta a uno de los usos más invasivos de la IA generativa, el que convierte el rostro de una persona real en materia prima para fabricar humillación, extorsión o abuso sin que esa persona haya dado permiso.

El reglamento no solo prohíbe, también obliga a dejar rastro

El artículo 5 prohíbe la comercialización, la puesta en servicio y el uso de esas herramientas, con sanciones de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación mundial. No es una advertencia retórica, sino una combinación de veto y castigo económico pensada para actuar sobre quienes crean el sistema y sobre quienes lo despliegan.

Desde el 2 de agosto ya rige otra obligación distinta.

El artículo 50.4 exige una etiqueta visible para quien publique falsificaciones realistas, y esa parte no tuvo prórroga. Dicho de otro modo, una cosa es avisar al público cuando alguien difunde un contenido manipulado y otra, más técnica, marcar desde el origen lo que produce el sistema para que máquinas y plataformas puedan detectarlo.

Ahí entra el artículo 50.2, que obliga a los proveedores de sistemas de contenido sintético a incorporar ese marcado mediante metadatos o una marca de agua invisible. La exigencia alcanza ahora también a los generadores veteranos que seguían funcionando con margen transitorio, aunque quedan fuera las funciones de asistencia a la edición estándar que no alteran de forma sustancial el contenido aportado por el usuario.

Ni todo retoque entra en el mismo saco ni toda IA llega al mismo tiempo

Bruselas incluso ha creado tres iconos opcionales para que empresas, medios y creadores etiqueten el contenido generado con IA.

Esa capa visual convive con el marcado legible por máquina y con la obligación visible para deepfakes, una combinación que ya aparecía en el etiquetado europeo de la IA. La idea de fondo resulta bastante terrenal, que no solo una persona pueda sospechar que mira algo falso, sino que también lo sepan las plataformas, los buscadores o los sistemas automáticos que distribuyen ese contenido.

No todas las obligaciones llegan ahora.

La aplicación de las normas para sistemas de alto riesgo en empleo, educación o biometría se aplaza hasta el 2 de diciembre de 2027. Eso significa que la Unión Europea aprieta ya sobre la transparencia del contenido sintético y sobre los usos prohibidos, mientras retrasa el bloque más complejo para sectores donde una decisión algorítmica puede afectar a un contrato de trabajo, una admisión académica o una identificación facial.

España vigilará una norma que ya es directamente aplicable

El reglamento europeo no necesita una ley nacional de transposición para desplegar efectos en los Estados miembros. En España, la supervisión recae en la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, con sede en A Coruña.

Mientras tanto, el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, aprobado por el Gobierno en mayo, caducó con la disolución de las Cortes antes de las elecciones del 29 de noviembre. La paradoja es clara, la norma europea entra y obliga igual, aunque el armazón legislativo español pensado para acompañarla se quedara a medio camino, algo que ya dejaba ver el problema de los deepfakes cuando la técnica avanzaba más deprisa que el control.

Al final, la fecha decisiva no era el 2 de noviembre, sino el 2 de diciembre, y ese matiz cambia mucho más que una línea en el calendario.

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