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La batalla por los centros de datos ya no se libra solo en consejos de administración y despachos públicos. También se juega a pocos kilómetros de barrios, carreteras y subestaciones eléctricas, justo donde siete de cada diez estadounidenses no quieren estas instalaciones cerca de sus casas.
Donald Trump ha decidido responder a ese rechazo con una mezcla de promesa económica y presión política. En sus redes sociales dijo que la única razón para oponerse a estos complejos es querer comunidades “atrasadas y pobres” y pidió “dejar que los datos reinen”.
Trump convirtió un debate industrial en una pelea cultural
Después fue más lejos en el Despacho Oval. Allí aseguró a los periodistas que quien quiera pagar menos impuestos, generar riqueza y ver subir el valor de su vivienda debería querer un centro de datos, mientras que oponerse equivale, en sus palabras, a elegir pobreza, delincuencia y miseria.
"Si quieren pagar menos impuestos, si quieren generar una enorme riqueza, si quieren que su vivienda adquiera más valor y todo lo demás, querrán un centro de datos. Si quieren vivir en la pobreza, la delincuencia y la miseria, les diría que no aprueben los centros de datos" - Donald Trump, presidente de Estados Unidos
El problema para la Casa Blanca es que la opinión pública se mueve en sentido contrario. Una encuesta nacional del centro de políticas públicas Annenberg detectó un giro de 12 puntos en contra desde febrero y marzo, una señal de que el malestar ya no parece una protesta local aislada.
También hay dinero intentando corregir esa percepción.
En lo que va de año han salido 15.000 anuncios en televisión sobre estos proyectos, con un gasto de 7,6 millones de dólares, según una empresa de análisis publicitario. Los demócratas concentraron el 73% de ese desembolso estimado y los republicanos el 26%, una distribución que muestra que el asunto dejó de ser un frente exclusivo de un partido.
Ni republicanos ni demócratas hablan con una sola voz
Sherrod Brown, político demócrata de Ohio, ha lanzado anuncios contra Jon Husted por respaldar desgravaciones fiscales para levantar estas instalaciones. Al mismo tiempo, Greg Abbott, gobernador republicano de Texas, impuso una moratoria temporal, Mike Rogers pidió una pausa de un año en Míchigan y Ken Paxton presentó en las últimas semanas su propio plan para ordenar este despliegue.
Ese cruce de posiciones ayuda a explicar por qué Alex Conant, estratega republicano, describe el asunto como un tema todavía en formación política. Su argumento es sencillo y bastante terrenal, porque muchos cargos miran antes las encuestas que los planos de obra y las empresas de inteligencia artificial no han sabido explicar bien qué ganan las comunidades a cambio.
Sam Altman admite ese fallo.
"En general, el sector ha hecho un pésimo trabajo en este aspecto" - Sam Altman, consejero delegado de OpenAI
La respuesta de la Administración y de sus aliados no pasa por rebajar el tono, sino por atribuir la resistencia a una mala campaña de información. Howard Lutnick, secretario de Comercio, la achaca a la “propaganda de nuestros adversarios”, David Sacks habla de “desinformación” y añade que nadie intenta imponer estos centros a nadie, mientras un grupo alineado con la industria ha puesto en marcha una campaña multimillonaria en Kansas, Ohio y Wisconsin.
La energía y la factura doméstica empujaron la desconfianza
JD Vance sitúa el origen de la reacción en otro punto, la capacidad energética del país. El vicepresidente sostiene que Estados Unidos no generaba suficiente energía hasta hace unos 18 meses y que ese cuello de botella ayuda a entender la desconfianza hacia infraestructuras que muchos vecinos asocian antes con consumo, ruido o presión sobre la red que con prosperidad inmediata.
Ahí aparece uno de los nudos del debate, porque la Casa Blanca ya firmó el año pasado un decreto para acelerar permisos, apoyar financieramente proyectos de infraestructura de inteligencia artificial y abrir terrenos federales a nuevos centros de datos. A la vez, ha impulsado el llamado Compromiso de Protección a los Consumidores, un acuerdo no vinculante con eléctricas y promotores para que paguen por encima de las tarifas normales y evitar que el coste del desarrollo recaiga sobre los hogares.
Brent Buchanan, encuestador republicano, cuestiona justo esa palabra, voluntario. Su objeción apunta a que la Casa Blanca sigue tratando esos acuerdos como compromisos opcionales en lugar de obligar a los centros de datos a cubrir los costes que soportan quienes viven alrededor, una diferencia nada menor cuando la discusión llega a la factura de la luz.
Fuera de Washington, el debate ya enlaza con el salto energético del gas y con la presión sobre la red. No sorprende que un centro de datos pueda venderse como motor fiscal y, al mismo tiempo, despertar miedo local cuando la promesa de riqueza compite con costes muy visibles.
Trump intenta inclinar esa balanza con otra idea fuerza. Defiende que la inteligencia artificial ya está dando resultados médicos que, a su juicio, no habrían llegado ni en 100 años por otras vías, pero el pulso político no gira hoy alrededor de esa promesa lejana, sino de algo mucho más inmediato, ese cambio de 12 puntos en la opinión pública mientras 15.000 anuncios intentan convencer a un país que sigue sin querer estas instalaciones al lado de casa.