La discusión sobre la inteligencia artificial en el trabajo ya no gira en torno a si llegará, sino a quién manda cuando ya está dentro. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, llevó esa idea el 25 de junio a la Universidad de Oxford, donde situó el conflicto en un terreno muy concreto, el de los derechos laborales frente a sistemas que ya intervienen en casi cada etapa de la vida profesional.
Desde entrar en el mercado laboral hasta salir de él, la ministra sostuvo que hoy todo lo que afecta a la relación de trabajo pasa ya por la IA y los algoritmos. Habló de selección, permanencia, cambios de contrato, ascensos, despidos y pensiones como piezas de una misma cadena que exige regulación.
"Hoy todo lo que define las relaciones laborales, desde la entrada en el mercado de trabajo, los procesos de selección, la permanencia en el puesto, las modificaciones del contrato, los ascensos, las salidas, las pensiones, todo se hace a través de la IA y los algoritmos, por tanto, todo esto tenemos que regularlo." - Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social
Europa aplaza la parte que más toca al empleo
El calendario añade una fricción nada menor. El próximo 2 de agosto entra en vigor el Reglamento sobre la IA, pero los sistemas de alto riesgo ligados al trabajo no quedarán sometidos a esa parte del texto hasta 16 meses después.
Ahí entran los algoritmos de contratación, la evaluación del rendimiento, la asignación de tareas, la monitorización y el despido. Es decir, justo los usos que más pesan en la experiencia cotidiana de millones de trabajadores y que ya aparecen en el debate sobre supervisión de selección y despidos automatizados.
En Europa, 42 millones de personas trabajan bajo gestión algorítmica.
Después llegó la pausa. El aplazamiento se produjo tras la presión formal de un centenar de empresas con sede en la Unión Europea, que reclamaron más tiempo antes de que esa regulación empezara a operar sobre herramientas ya presentes en la organización del trabajo.
"Lo que no explican es que, cuando el plazo pase, en diciembre de 2027, los países tienen la obligación de regular, esto es muy grave. Hay un incentivo explícito para que las empresas desplieguen ahora, rápido, antes de que la regulación entre en vigor. Esto es una estrategia deliberada para darle todo el poder a muy pocas tecnológicas que hoy gobiernan el mundo, concentran poder en términos capitalistas de manera cuestionable y no reparten la riqueza." - Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social
La pelea no va solo de software, va de poder
Díaz presentó la tecnología como una fuerza que ya diseña la empresa y el mundo del trabajo a gran velocidad. A partir de ahí, desplazó la discusión desde la fascinación técnica hacia una pregunta más áspera, cómo ordenar esa nueva materia empresarial sin rebajar derechos humanos ni normas laborales.
También defendió la Ley Rider como precedente en España. Su argumento fue preciso, toda la información vinculada a las relaciones laborales de las personas trabajadoras debe ser transparente y accesible a los sindicatos para que puedan defenderlas.
No es una discusión abstracta.
La ministra cargó además contra la desregulación que, a su juicio, impulsa Estados Unidos y que la Comisión Europea acepta de forma pasiva. Frente a ese enfoque, reclamó no temer a los datos y regular todos los aspectos que afecten a la relación laboral, una posición que enlaza con debates recientes sobre despidos ligados a IA.
"La IA lo puede destruir todo o lo puede cambiar todo." - Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social
Díaz rechaza la visión fatalista sobre el empleo
Su intervención no quedó encerrada en la advertencia. Díaz defendió que la inteligencia artificial también puede abrir espacio para multitud de puestos nuevos si se orienta hacia empleo ecológico y se acompaña de políticas públicas verdes.
Ahí aparece una contradicción de fondo que recorre todo el debate. La misma herramienta que hoy sirve para contratar, vigilar, repartir tareas o despedir también puede usarse, en su planteamiento, para crear trabajo con valor añadido en sectores vinculados a la transición ecológica.
Por eso rechazó las previsiones negativas sobre el empleo y marcó distancia con la visión del FMI. Su cierre en Oxford no fue técnico, sino político, porque defendió que sí existe poder para cambiar el rumbo y que renunciar a hacerlo sería una irresponsabilidad.
La tensión queda fijada en una fecha concreta. El 2 de agosto arranca el reglamento, pero la parte que afecta a contratación, rendimiento, tareas, monitorización y despido no llegará hasta diciembre de 2027, justo en el espacio de tiempo que Díaz describe como el más favorable para desplegar algoritmos antes de que la regulación obligue a abrir la caja negra.