La discusión sobre inteligencia artificial y empleo ya no cabe solo en laboratorios ni en sedes empresariales.
El 4 de mayo, el Congreso de los Diputados acogió la jornada Inteligencia Artificial y el futuro del trabajo, organizada por Izquierda Unida, con coordinación del diputado Francisco Sierra y presentación del portavoz parlamentario Enrique Santiago.
Yolanda Díaz pidió que los algoritmos no dicten el trabajo
Allí, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, reclamó una regulación urgente para impedir que algoritmos y grandes plataformas tecnológicas impongan un modelo de precariedad y vigilancia sobre los trabajadores. No habló de una amenaza lejana, sino de una forma de gestión laboral que ya puede colarse en turnos, evaluaciones y decisiones automáticas.
La advertencia tiene un punto muy concreto.
La Comisión de Expertos de Alto Nivel impulsada por el Ministerio de Trabajo sostiene que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta de vigilancia permanente cuando falta regulación pública y negociación colectiva. Ahí aparece una de las tensiones de fondo, porque la misma tecnología que promete eficiencia también puede vigilar cada gesto del trabajador si nadie fija límites.
Por eso, Díaz defendió extender a toda la economía digital el principio de la Ley Rider, aprobada en 2021. Esa lógica ya ha abierto debate sobre supervisión de despidos automatizados, donde el problema no es solo qué calcula una máquina, sino quién responde cuando ese cálculo afecta a una persona.
El Ministerio quiere que siempre haya ojos humanos
El Ministerio de Trabajo reclama auditorías obligatorias de algoritmos, control humano sobre las decisiones automatizadas y participación sindical en la supervisión de los sistemas de inteligencia artificial.
No es un detalle técnico menor. La discusión pasa por decidir quién puede revisar, corregir o frenar una decisión automática cuando esa decisión toca salario, jornada, acceso al empleo o continuidad en el puesto.
Díaz también dirigió el foco hacia la fiscalidad de las grandes plataformas.
"Los tecnoligarcas y grandes propietarios de plataformas digitales deben bajar de la nube y pasar por Hacienda" - Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo
Su planteamiento añade otra capa al debate, porque la ministra insistió en que las empresas de IA deben tributar para financiar la transición laboral. La idea conecta el despliegue tecnológico con una pregunta muy terrenal, quién paga el coste de adaptar empleos, derechos y formación cuando cambia la organización del trabajo.
Europa aparece cuando los datos dejan de ser solo datos
En la jornada también surgió la necesidad de avanzar hacia una soberanía tecnológica europea y estatal para no depender de infraestructuras privadas de Estados Unidos o China.
Cuando la inteligencia artificial entra en expedientes judiciales, historiales sanitarios, información educativa o archivos administrativos, la dependencia deja de parecer una discusión abstracta. Pasa a afectar a documentos que describen la vida de millones de personas y a la capacidad de decidir dónde se guardan, quién los procesa y bajo qué reglas.
Esa soberanía documental ya asoma en debates sobre IA en la Justicia, precisamente uno de los terrenos donde un archivo no es solo un archivo, sino una decisión, una prueba o un derecho.
Al final, la escena deja una imagen poco cómoda para el entusiasmo tecnológico. Mientras unos prometen automatización, el Ministerio de Trabajo pone sobre la mesa tres exigencias muy humanas, auditoría, control y negociación.